En los días previos a la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional el clima formado por la disputa entre el presidente Milei y el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por el giro de coparticipación ponía de antemano una posible relación tensa con los miembros de la Corte Suprema de Justicia a quienes Milei recurre para destrabar el conflicto. Pero en el recinto nada de eso pasó.
EL PROVINCIAL EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTOS PALITO HALIASZ.
Al llegar el Presidente de la Nación, al recinto para brindar su discurso para el inicio del período 142 de Sesiones Ordinarias, no solo se encontraba un atril en el lugar para que el Jefe de Estado brinde su discurso, sino que ya la escenografía del lugar no solo había cambiado por esto, algo distinto a otros actos, sino que el ingreso del primer mandatario también había roto la tradición.
En las butacas los legisladores, algunos expectantes y otros con caras de no ser buenos amigos de Milei, y en los palcos, como siempre, los que aplauden y los que no aprueban los discursos, pero y como siempre ocurre, muy cerca del orador estaban los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto no había cambiado: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estaban en el lugar de siempre.
Llego el momento del ingreso del presidente y luego de saludar a las autoridades parlamentarias, a los integrantes del bloque Libertario de Senadores y Diputados, miembros del gabinete y su propia hermana, a los que primero se dirigió fue precisamente a los integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Todo lo que se decía en los días previos por la posibilidad de algún cortocircuito por el tema retenciones a Chubut y luego que el vocero presidencial Manuel Adorni informó que el Ejecutivo presentó el per saltum y pidió que «se inhiba al Juez de Rawson», nada de eso pasó.
La aparición de los cortesanos en el Congreso tuvo un peso simbólico ya que está pendiente de definición el tratamiento del DNU 70/2023, algo que los magistrados esperan sin resolver aún el pedido de inconstitucionalidad presentado en diciembre por el gobierno de La Rioja. Además, se suman en la carrera hacia la Corte las presentaciones que comenzaron a realizar las provincias en contra de los recortes del gobierno nacional a los fondos fiduciarios y coparticipables.
El pedido de inconstitucionalidad hecho por el gobernador Ricardo Quintela fue presentado el 27 de diciembre y la Corte abrió un expediente que giró al procurador Eduardo Casal para que defina la competencia, como una primera señal de que tomaría el caso. Sin embargo, los supremos evitaron abrir la feria judicial y durante todo febrero tampoco movieron piezas para tomar el caso, aunque Casal ya se pronunció a favor de la competencia de la Corte para tratarlo.
Desde el Palacio de Tribunales anticiparon que la asistencia al recinto no implicó ningún tipo de expresión política ni declaración a favor o en contra del DNU que avanzó con la desregulación de la economía, con la legislación laboral –algo que la CGT logró frenar en tribunales– y otras cientos de normativas eliminadas como la Ley de Alquileres o la de extranjerización de tierras. Aunque el decreto fue limitado por varias fallos judiciales, hasta ahora ningún juez avanzó en declarar nulo todo el DNU.
Hasta el momento, la Corte espera que el Congreso resuelva el rechazo del DNU para evitar intervenir. En el Parlamento, el Poder Ejecutivo buscó esquivar el debate, tarea a cargo de la presidenta del Senado, Victoria Villaruel, quien no respondió al pedido del bloque de Unión por la Patria durante todo el periodo de sesiones extraordinarias. En los últimos días se sumaron a ese pedido nueve senadores que responden en su mayoría a bloques provinciales. Estos movimientos indican que el gobierno nacional no tendría los votos para pasar el DNU por la Cámara alta, mientras que en la Cámara baja no logró tratar la Ley Ómnibus -que, a su vez, contenía al decreto-.
Los cortesanos además podrían ser protagonistas de las batallas que el Poder Ejecutivo abrió contra las provincias, tras el revés de la Ley Ómnibus, en la que los gobernadores se opusieron principalmente a algunas privatizaciones, facultades delegadas y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El frente abierto en estos días es con la provincia de Chubut, cuyo gobernador, Ignacio Torres, amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo en caso de que el Ejecutivo no diera marcha atrás con la negativa de refinanciar una deuda del tesoro nacional con la provincia y avanzar con el giro de lo correspondiente al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Torres fue también al Poder Judicial y consiguió un fallo favorable del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien hizo lugar este martes al pedido del gobernador de Chubut para que el gobierno nacional «cese» la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia. Sin embargo, rechazó la pretensión de Torres «en torno a la devolución de las sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación». La respuesta de la Casa Rosada fue el anuncio de que presentará un recurso de «per saltum» para que intervenga directamente la Corte.
Otro capítulo que se encamina a definirse en la Corte Suprema es el protagonizado por el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof anunció ayer que se presentaría ante el máximo tribunal para apelar la decisión de eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), creado durante la gestión de Alberto Fernández, para financiar las políticas de seguridad bonaerense, tras la revuelta de la Policía Bonaerense en medio de la pandemia de Covid-19. El fondo también servía para brindar alimentos a comedores, a escuelas, a financiar nuevas plazas carcelarias y a construir centros de salud.
“Ya agotamos las instancias administrativas y de diálogo, por lo que hoy instruimos al fiscal de estado de la provincia para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de la Nación y que cautelarmente nos restituya los fondos que nos sacaron”, anunció el gobernador bonaerense.
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