Por Roberto Carlos Bucarey desde la Cuenca Carbonífera para EL PROVINCIAL
La situación es verdaderamente preocupante. Han pasado doce días desde el robo de armas en el juzgado número uno de Río Turbio y aún no hay respuesta ni asunción de responsabilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Esto es inaceptable, especialmente considerando la gravedad del caso y su impacto en la comunidad.
La ineficiencia y el mal desempeño de los magistrados en la cuenca carbonífera son un tema recurrente, y es claro que hay un problema sistémico que debe ser abordado. La percepción es que la justicia es inoperante y cómplice, y que para ganar una causa es necesario tener conexiones con personas influyentes.
Es fundamental que se aplique el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. La justicia debe ser imparcial y transparente, y no debe haber lugar para la corrupción ni el favoritismo.
Es hora de que se tomen medidas para reformar el sistema judicial y garantizar que la justicia sea accesible y equitativa para todos. La comunidad de Santa Cruz merece una justicia que funcione correctamente y que proteja los derechos de todos los ciudadanos.
La inoperancia de la justicia es un tema que preocupa a muchos, especialmente cuando se ven beneficios otorgados a miembros del tribunal debido a relaciones personales o profesionales. Esto puede generar una percepción de impunidad y corrupción.
En Argentina, el sistema judicial está compuesto por el Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de cada provincia .,Sin embargo, la falta de transparencia y la influencia de factores externos pueden afectar la imparcialidad de la justicia.
Es fundamental que los gobernantes y los presidentes de la justicia tomen medidas para garantizar la transparencia y la igualdad ante la ley. Deben investigarse y sancionarse los casos de corrupción y nepotismo, y deben implementarse mecanismos para prevenir la influencia indebida en la toma de decisiones judiciales.
La ciudadanía debe exigir que se respeten los principios de la justicia y que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos. La justicia debe ser independiente, imparcial y transparente, y debe actuar con rapidez y eficacia para resolver los conflictos y proteger los derechos de los ciudadanos.
Pero en esta provincia no es así , el gobernador designa al presidente de la justicia y por ende el mismo presidente designa los jueces en las distintas localidades y todo esto se pronuncia por favores políticos y este es el fiel reflejo de inoperancia , sus favores por que nadie hace nada y hoy vivimos la pérdida de una joven en la Cuenca Austral quien se quitó la vida por el mal accionar de esta justicia turbia, que ese tema lo difundiremos en la próxima nota.
En conclusión , tendrían que apartar a la cúpula judicial pero no se hace y creo que pasa esto por qué en el idioma criollo todos tienen un muerto en el placard y nadie va actuar , solo dejan que sea noticia pero les aseguro que no voy a parar de denunciarlo públicamente por su inoperancia . Finalmente agrego públicamente el comunicado del gremio de judiciales del la Provincia que se hace eco al reclamo con la sociedad de la Cuenca Carbonífera.
JUDICIALES SOLICITÓ AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA QUE SE INICIE EL PROCESO DE JURY CORRESPONDIENTE A LA JUEZA BETINA BUSTOS
El gremio de Judiciales envió una misiva al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Mauricio Mariani , con el objeto de que se instruya el proceso de jury correspondiente a la Jueza Betina Bustos a cargo de Juzgado Provincial N.º 1 de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio.
Más allá de que existen motivos de sobra y antecedentes para esto- con sentencias favorables en primera y segunda instancia luego de un amparo presentado por el gremio en 2017, y que planteaba justamente la acreditación suficiente de elementos de prueba para que el Jury a la Dra. Bustos tuviera curso, un caso de público conocimiento volvió a poner al jueza en el centro de controversia.
El martes, los medios de comunicación informaron sobre el operativo denominado “empleado infiel”, en el cual realizaron seis allanamientos y detuvieron a seis personas involucradas, entre los que se encuentran dos policías y un empleado judicial, a los que se acusa de la venta clandestina de armas que fueron robadas del depósito judicial del Juzgado de Río Turbio, el mismo que ordenó los allanamientos.
Por eso Judiciales advierte que en una nueva grave falta a la ética, la jueza no se excusó e interviene en una investigación de un delito que la involucra al menos, en lo que a su responsabilidad como primera custodia de elementos y expedientes de su Juzgado, y en un proceso en el que podría quedar involucrada. La jueza se debería investigarse a sí misma.
Ante esto, el gremio solicita la instrucción de la investigación correspondiente mediante el proceso de sumario, su apartamento inmediato en la tramitación de las actuaciones, y que se arbitren las medidas disciplinarias ante la reiteración de incumplimientos manifiestos.
Judiciales vuelve a advertir la gravedad institucional que toda esta situación representa, y requiere al TSJ que arbitre las medidas urgentes que se solicitan, y recuerda que la omisión de excusarse, fue la misma causa que se le endilgó al recientemente destituido juez de Cámara Diego Lerena.
