Leandro Fernández corresponsal de EL PROVINCIAL en Gualeguaychú.
Continúa la búsqueda a nivel nacional de tres hombres más: otro argentino, un brasileño y un uruguayo. La fiscal Viera está detrás de sus sombras.
El empresario argentino fue imputado por el delito de “retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”. El periodista Antonio Ladra reveló que Orestes era director del colegio privado St. Clare’s, de Punta del Este, fundado en 2004 y ubicado a 800 metros de Playa Brava. La institución emitió un comunicado para aclarar que no tiene vínculos, pero según Ladra hasta 2016 fue el presidente de la Fundación del colegio.
La causa lleva siete meses de trabajo y se fundamenta en un testimonio clave de una víctima de la red, que fue sometida por un empresario paraguayo. Según el dictamen de la fiscal Viera al que se accedió las menores podían llevar “clientes” al apartamento del hombre y a cambio tenían dos opciones: pagarle el 50% de sus ingresos, o el 30% y tener relaciones sexuales con él. “Como no tenía otra opción, aceptó vincularse sexualmente con su proxeneta como forma de pago”, relató Viera sobre esta adolescente.
El artículo 4 de la ley 17.815 de Uruguay sobre violencia sexual comercial o no comercial contra niños, adolescentes e incapaces establece penas de entre 2 y 12 años de cárcel.
Los antecedentes penales del empresario argentino.
Orestes ya tenía antecedentes penales en las Argentina. En 1998 fue denunciado por participar en licitaciones truchas y cobrar sobreprecios en obras de refacción del Hospital “Dr. Baldomero Sommer”, de la localidad bonaerense de General Rodríguez, por más de $14 millones. Orestes fue condenado en primera instancia por un tribunal oral federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal. Después de 18 años de trámite su caso llegó a la Corte, donde se le ratificó la condena de dos años de prisión en suspenso.
“Fue beneficiado espuriamente al resultar adjudicado en las contrataciones simulando un concurso de precios inexistente y una competencia aparente -ya que integraba las dos empresas aparentemente competidoras en la presentación de ofertas- y luego cobró sobreprecios que perjudicaron el erario público”, sostuvieron los jueces.
Según la escandalosa pesquisa argentina, “se abonó a la empresa constructora CGF S.A. la suma 14.221.960,01 pesos, dinero proveniente de fondos públicos que habrían cobrado las adjudicadas CGD S.A., CGF S.A. y CAERO S.A. entre los años 1998, 1999 y 2000”. El adjudicatario siempre era Orestes.
Un sumario interno del Hospital Sommer publicado el 15 de mayo de 2017 en el Boletín Oficial confirma la culpabilidad de Orestes en esa causa.
Por consejo de su abogado, Alejandro Balbi, violó la cuarentena.
El diario El País de Uruguay indicó que Orestes pose más de 20 años de residencia en el país vecino. Pero en marzo, con el brote de coronavirus, volvió a la Argentina. Su abogado, Alejandro Balbi, sabía que era buscado por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes, aunque lo desvincula del caso. Orestes habría viajado a Montevideo por recomendación, para presentarse ante la fiscal de Delitos Sexuales. Sin residencia, ni documento uruguayo, Balbi intentó que la Cancillería lo autorice a cruzar el Río de la Plata en medio de la pandemia, pero no tuvo éxito. Así fue que Oretes violó la cuarentena argentina y cayó preso en Uruguay.
Al pisar suelo oriental, la jueza Adriana de los Santos lo procesó -formalizó, le dicen- por el supuesto delito de explotación sexual de adolescentes y ordenó medidas de no acercamiento a la víctima.
La fiscal subrogante de Viera, Andrea Naupp, pidió la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda y su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, como también el retiro del pasaporte. Sin embargo, la jueza De los Santos se negó, al considerar que era una pena anticipada.
El abogado de Oretes no apeló. “¿Cuál es la conducta alternativa exigible a mi cliente por parte del Estado? ¿Qué debería haber hecho distinto a lo que hizo? ¿Cuál es el estándar que le podemos exigir a un ciudadano para verificar la edad de otra persona?”, se preguntó el letrado.
Balbi es el vicepresidente del Club Nacional de Football, miembro de la Comisión de Grupos de Interés de la FIFA y de la Comisión de Gobernanza de la Conmebol. Fue defensor de Diego Maradona, el relacionista público Gaby Álvarez, Charly García, Aníbal Pachano, Luis Suárez, entre otros. Fue pareja de Eunice Castro y se lo vinculó sentimentalmente a la periodista Marcela Tauro.
“Operación Océano”, detrás de una red de proxenetas.
La Justicia oriental tiene 21 imputados -varios permanecen detenidos- y buscan a tres prófugos. Entre los involucrados, aparecen figuras relevantes de la vida empresaria y política uruguaya.
Nicolás Ortiz (docente, diputado suplente del Partido Colorado suspendido)
Miguel Ángel Larramendi (abogado, exasesor de la URSEA – Ente de Energía y Agua, docente de Derecho Administrativo de la UDELAR)
Mauricio Zardo Cabrera (arquitecto)
Nicolás Chírico (organizador de fiestas, dueño del boliche La Terraza, empresario)
Manuel Nande Bagnulo, nieto de una gloria del fútbol uruguayo
Leonel Enrique D’Albenas Castro (escritor y fotógrafo)
Matías Sosa de León (empresario)
Diego Susena (candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Nacional)
Jacques “Jacky” Paullier Symonds, empresario
Ariel Pfeffer Slobodinsky, director de Endeavor e integrante del Piso 40
Diego Francisco Susena, empresario
Washington Balliva, el ex juez de menores, ex juez de Aduanas, jubilado, actual asesor privado en seguridad.
El sitio Anti Mafia 2000 señaló que la “Operación Océano” comenzó el 16 de marzo pasado con la desaparición de una adolescente de 17 años y tiene a Punta del Este como parte importante de la investigación, ya que las chicas relacionadas con esta red de prostitución era llevadas a casas de la zona esteña. “Las jóvenes frecuentaban boliches y fiestas electrónicas donde ingresaban fácilmente a las áreas VIP de los locales y allí se contactaban con otros adultos que pedían sexo a cambio de dinero o algún otro tipo de retribución”, reveló antimafiadosmil.com.
Días atrás el periódico El Observador brindó un testimonio desgarrador de una víctima de lo que en Argentina sería trata de personas. La nota se titula Trabajaba ‘todos los días y todo el día”, dijo una de las víctimas de explotación sexual, y revela una cruda declaración de una chica ante la fiscal de Delitos Sexuales. Las menores debían tener sexo con el proxeneta como pago por vivir en su departamento.
La edición oriental Caras y Careta remarcó que se hacen 350 denuncias en promedio por año por explotación sexual infantil en Uruguay, aunque los organismos responsables de combatir esta problemática aseguran que hay un gran subregistro debido a la imposibilidad de denunciar de muchas personas y el poder que ejercen sobre ellas los explotadores.
Para denunciar una situación de explotación sexual infantil en Uruguay: 0800 50 50, línea Azul del INAU, o por la página web del Ministerio del Interior.
Para denunciar una situación de explotación sexual de personas mayores de 18 años en Uruguay: Fiscalía, comisarías, unidades de violencia basada en género, por teléfono al 911 o por la página web del Ministerio del Interior.
EL PROVINCIAL Radio Online. “Todo el país en una radio” es una realización de PROA AL FUTURO, Marcelo Muchi y Ricardo Ferradas.
